Los investigadores viajan a Ricaurte en el sur del país para un nuevo proyecto. Van de un municipio a otro para comprender cómo el Estado responde para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Hablan con Angélica, la inspectora de policía, que nada tiene que ver con la Polícia Nacional. Por eso va vestida de civil.

A la distancia se advierte que Ricaurte es un municipio con mucha presencia de la Fuerza Pública. ¿Es esto indicio de seguridad o de inseguridad?

Los investigadores conversan con Angélica, con otros funcionarios y con algunos ciudadanos, pero los gritos de los soldados en entrenamiento, los interrumpen a cada tanto.

¿A cuáles entidades se les ha dado prioridad en Colombia? ¿Las del Estado civil? ¿Las del Estado militar?

Angélica cuenta en su entrevista que las elecciones de alcalde en Ricaurte tuvieron que posponerse por problemas de orden público.

A partir de la experiencia y de algunos conceptos, los investigadores determinan los indicadores con los cuales van a medir la legitimidad institucional, no solo en el municipio sino en varias regiones del país.

Y con la metodología afinada aplican las encuestas en 72 municipios de Colombia, lo cual les permite tener una perspectiva amplia de lo que pasa en cuanto a legitimidad institucional.

La mayoría de los conflictos cotidianos de los ciudadanos se resuleven a través de las comisarías de familia y de las inspecciones de policía pero a estas instituciones poca atención se les presta.

Las servidumbres, los trasteos, los problemas de convivencia, todo esto hace parte de la gestión no militar de los conflictos.

Las personas califican en las encuestas la atención que reciben de las instituciones públicas.

Angélica les cuenta que un abuso de la Fuerza Pública a la población mancha la imagen del resto de las instituciones.

¿Y qué camino toman los ciudadanos cuando tienen una necesidad si no están bien informados de las competencias de las entidades?

Llegan y llegan soldados, pero... ¿Ese el único Estado que Ricaurte y muchos municipios necesitan?

Angélica insiste en que los ciudadanos piden que los oigan, los atiendan y resuelvan sus necesidades.

Las personas en las veredas reconocen sobre todo a las instituciones educativas. Las otras instituciones les parecen muy lejanas e inaccesibles.

Hay muchas horas de camino desde la vereda hasta el pueblo. Son muy pocos los que van a denunciar cuando algo les pasa.

Angélica les cuenta que cuando ofrecieron las recompensas para las capturas, los vecinos empezaron a señalarse entre sí. ¡Eso fue un desastre!

Por eso Don José, que vive cerca a La Planada, le dijo a los soldados que él se le medía a revisar los planes de seguridad pero no a denunciar a sus conocidos para no repetir el conflicto con los vecinos.

Los de la FIP, al ver lo que pasa en Ricaurte y en tantos otros municipios de Colombia en materia de legitimidad institucional, sugieren que el Gobierno Nacional y los departamentos, apoyen a los municipios para analizar el comportamiento de los delitos que son distintos en cada uno. Que prevalezca la gestión y el análisis más que la fuerza por la fuerza.

La gente saluda a Angélica cuando regresa a su casa. Es la cara civil del Estado en ese lugar. Es el Estado presente, cotidiano y sin grandilocuencia. Mañana leerá los descargos de un conflicto de tierras entre dos vecinos cerca a la Cascada Chuguaní.